¿Qué significa la ley francesa en contra del fast fashion?
Por: Mildred Estrada
Francia ha tomado la delantera en la lucha contra el "fast fashion" (moda rápida) con una ley pionera, aprobada en junio de este año, que busca reducir el impacto ambiental y social de esta industria. Esta legislación es la primera en el mundo en regular específicamente el modelo de negocio basado en la producción masiva y el bajo costo. ¿Pero qué significa este caso y qué se espera obtener?
Dentro de la ley, tendrán en cuenta factores como el volumen de prendas producidas y la velocidad con la que las marcas renuevan sus colecciones. Esto permitirá identificar a las marcas que operan bajo este modelo y, por lo tanto, estarán sujetas a las regulaciones.
Han señalado directamente a gigantes del shopping online como Shein y Temu, principalmente por ser de Ultra Fast Fashion (a comparación de Zara o H&M).
El nuevo impuesto ambiental
A partir de 2025, se aplicará un “impuesto ambiental progresivo” a las empresas de moda rápida, comenzando con una tasa de 5 euros por prenda —e irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10 euros por prenda en 2030.
Este impuesto no podrá superar el 50% del precio minorista del artículo. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar a productores de ropa sostenible y a financiar iniciativas que fomenten la reparación, el reciclaje y la concienciación sobre el impacto ambiental de la moda.
Prohibirán la publicidad
En Francia, las marcas clasificadas como fast fashion tendrán prohibido publicitar sus productos en cualquier medio, ya sea redes sociales, televisión, prensa impresa o digital. Esta medida busca frenar el consumo impulsivo y excesivo impulsado por las campañas de marketing agresivas de este tipo de empresas.
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Las marcas también estarán obligadas a informar con claridad el impacto ambiental de sus prendas, incluyendo datos sobre producción, transporte, materiales y huella de carbono.
Esta exigencia se refuerza con la Ley AGEC (Ley Antiresiduos y de Economía Circular) vigente desde 2022 en Francia, que demanda transparencia en aspectos como la trazabilidad de los materiales, presencia de microfibras plásticas (si superan el 50% de fibras sintéticas), uso de materiales reciclados, reciclabilidad, posibilidad de reutilización y la presencia de sustancias peligrosas.
El objetivo es que los consumidores puedan tomar decisiones de compra más conscientes y responsables.